La normativa que destraba el proceso de adhesión del país andino amazónico a la estructura integracionista constituye uno de los últimos pasos para concretar gestiones destinadas a ser parte de uno de los bloques económicos más importantes de la región.

Ante el plenario del órgano cameral presidido por su titular, Israel Huaytari, la canciller Celinda Sosa expuso los beneficios de la “Ratificación del Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur”.

Una vez que el documento sea aprobado por las dos cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgado por el Órgano Ejecutivo, se le deberá situar ante el Gobierno de Paraguay, en su calidad de país depositario.

A partir de ese momento, empezará la adopción del acervo normativo del organismo regional, lo cual deberá concluir en un plazo de cuatro años.

El Mercosur lo forman Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. El protocolo de adhesión se encuentra desde diciembre de 2023 en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su ratificación.

Hace ocho años se inició este proceso de adhesión que se encontraba estancado por la falta de aprobación en el Órgano Legislativo de Brasil, proceso que fue vencido tras la llegada a la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva y las gestiones realizadas ante él por su par boliviano, Luis Arce.

La jornada cameral iniciada este jueves también aprobó los créditos de 35 millones de dólares para la carretera Norte Integrado-Yapacaní y por 43 millones de esa moneda destinados a la construcción del programa de integración urbana en la ciudad de Sucre.

El primer crédito satisface demandas de los pobladores de Yapacaní con un bloqueo de caminos que se extendió por ocho días y el cierre de la válvula del pozo hidrocarburífero Yarara X2, con pérdidas diarias superiores a 300 mil bolivianos (casi 43 mil dólares).

Destinado a Sucre, el segundo financiará a propósito del Bicentenario de Bolivia la creación de nuevos espacios públicos de calidad.

Estos incluyen la mejora de los sistemas de movilidad, la optimización de las rutas de transporte público, un sistema de iluminación más eficiente y la adquisición de nuevos instrumentos de planificación y gestión urbana que fortalecerán la capacidad del municipio a largo plazo.

Denominado Programa de Integración Urbana, Eficiencia Energética y Movilidad Urbana de Sucre, este proyecto demanda un financiamiento crediticio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por hasta 43 millones de dólares.

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