La empresa de capital canadiense Bluestone Resources debe solicitar la evaluación de un estudio de impacto para la nueva explotación a cielo abierto, explicó la titular de esa cartera, Ana Patricia Orantes, en conferencia de prensa.
La funcionaria amplió primero los seis hallazgos tras los dictámenes técnico-ambientales y los jurídicos realizados en semanas recientes a la licencia otorgada el 9 de enero del presente año, cinco días antes del fin del mandato del presidente Alejandro Giammattei (2020-2024).
Entre ellos, mencionó que las rúbricas y firmas contenidas en la providencia de solicitud de ampliaciones de oficios emitidos dentro del Viceministerio de Ambiente son presuntamente falsas.
En el Palacio Nacional de la Cultura (sede del Gobierno), Orantes aclaró que tal situación llevó a que los asesores presentaran la denuncia penal respectiva ante la Fiscalía.
La titular expuso además un extravío de más de 900 folios del expediente original del proyecto Cerro Blanco y remarcó que el cambio de un sistema de explotación subterráneo a uno a cielo abierto representa un proyecto diferente. Profundizó en que la naturaleza del último es altamente impactante en términos potenciales porque, ejemplificó, provoca un incremento del flujo de metales pesados presentes en las rocas hacia las fuentes de aguas superficiales.
Este caso –señaló Orantes- refleja el debilitamiento sistemático de las instituciones en administraciones anteriores y es una muestra de la necesidad de recuperar y fortalecer la institucionalidad del Ministerio de Ambiente.
El país y el mundo entero tenemos retos ambientales gigantes y sólo cumpliendo con nuestro mandato podremos abonar a resolverlos, reflexionó la titular. La mina Cerro Blanco tiene licencia para buscar oro y plata desde 2007 y, según estudios, los resultados no han sido los esperados por el proyecto.
En 2016, la empresa Goldcorp se declaró en bancarrota y la vendió un año más tarde a Bluestone Resources, que decidió cambiar el método de explotación a cielo abierto.
El Ejecutivo de Giammattei desconoció el rechazo de los habitantes de Asunción Mita a esta mina, por la posible contaminación el lago Güija, compartido por Guatemala y El Salvador.
Representantes de esa comunidad nunca bajaron los brazos en sus reclamos y advirtieron en el Congreso meses atrás, que si sus acciones no les permitían detener a Cerro Blanco, buscarían llevar el caso a nivel internacional.
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