En conferencia de prensa, el secretario general de esa organización, Saúl Méndez, precisó que la protesta nacional tendrá lugar el próximo 20 de junio y durante 24 horas para también demandar el cese de la persecución política que enfrenta ese colectivo.
Méndez invitó a los trabajadores del sector a sumarse a las manifestaciones en las calles para exigir al Ejecutivo y la estatal Caja de Ahorro la apertura de 18 cuentas bancarias, cerradas de manera ilegal y arbitraria hace siete meses.
Además indicó que el sistema que lava dinero proveniente del narcotráfico, del tráfico humano, de armas y la corrupción, prohíbe al Suntracs y a su cooperativa funcionar de manera estable, al prohibir los depósitos de recursos provenientes del sudor de los obreros y el pago de sus cuotas sindicales.
A juicio del también excandidato presidencial en 2019, con la acción gubernamental en contubernio con los empresarios y el sistema financiero se pretende doblegar a una de las organizaciones líderes en las protestas populares que a finales de 2023 obligaron al cierre de Minera Panamá, subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum.
Según Méndez continuarán las diversas maneras de lucha reivindicativa hasta tanto el Gobierno de Laurentino Cortizo no resuelva el problema.
Antes Méndez explicó a Prensa Latina que este año el Ministerio Público comenzó una investigación sobre un supuesto blanqueo de capitales referente a las cuentas donde están depositados los fondos de la organización sindical.
Las vías mafiosas con las cuales pretenden liquidar al sindicato, dijo, se sustentan en medios como la Estrella de Panamá, que sin argumentos publicó una nota en la que vinculan las cuentas de Suntracs al terrorismo, de ahí que también presentamos una demanda al diario.
Estas acciones reivindicativas avanzan en paralelo con otras de orden legal, como denuncias ante la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia por estos abusos.
De otra parte, agregó que también presentaron un recurso ante la Organización Internacional del Trabajo y esperan una respuesta de Doris Zapata, titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, para que ordene abrir nuevamente las cuentas.
También lograron que el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, abriera un proceso de oficio por la violación a los constructores de un derecho humano como lo es el acceso a sus depósitos bancarios.
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