La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) ordenó el arresto de cuatro personas bajo sospecha de cometer delitos de tráfico de influencias, cohecho propio e impropio, y penalidad del corruptor, precisó el periódico Delfino.
Los detenidos incluyen a tres funcionarios de la Setena y un empresario, aseguró ese medio, tras la intervención por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en la sede de dicha entidad, mientras el canal Teletica, y los periódicos La Nación y El Observador reportaron la detención del líder de la Setena, Ulises Álvarez Acosta, otros dos ejecutivos y un consultor.
La información –coinciden las fuentes- fue confirmada por el director general de esa entidad castrense, Rándall Zúñiga, quien agregó que sus fuerzas realizaron 14 allanamientos e imputaron a nueve personas. Los acusados están “bajo sospecha de cometer delitos de tráfico de influencias, cohecho propio e impropio, y penalidad del corruptor”, explicó el oficial.
El grupo de arrestados lo integran, además de Álvares Acosta, Kenner Gerardo Quirós, de la Dirección Técnica; y Magda Gutiérrez, de la de Tecnologías de Información del Ministerio de Ambiente; así como el empresario Murillo Martínez.
Los 14 allanamientos que realizaron las detenciones, coordinados entre la Fapta y la Sección de Anticorrupción del OIJ, fueron tanto en las oficinas de la Setena como en las residencias de los involucrados en los supuestos fraudes.
Las autoridades judiciales incautaron pruebas documentales, equipos electrónicos y otros indicios relevantes para la investigación, la cual se tramita bajo el expediente 21-011218-0042-PE, que dispone someter a los detenidos a declaraciones indagatorias y evaluar la aplicación de medidas cautelares.
La causa, denominada “caso Comején”, comenzó por una denuncia contra funcionarios de la Setena, que argumentó la presunta comisión de delitos de corrupción, concretada en la obtención indebida de beneficios sobre trámites de viabilidad ambiental.
Los gobernantes ticos son cuestionados en la actualidad por otros actos de corrupción en entidades como la cooperativa CS Ahorro y Crédito, también allanada el 29 de mayo por la Fiscalía luego de denuncias de la Superintendencia General de Entidades Financieras.
Aquella acción judicial contra dicha institución, conocida también como Coopeservidores, ocurrió en medio de una crisis de fiabilidad de sus directivos, tras ser intervenida el 13 de mayo por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.
El allanamiento del Ministerio Público, junto al OIJ, siguió al despedido sin responsabilidad patronal del Gerente general de la cooperativa, Óscar Hidalgo Chaves, confirmaron dichas instancias.
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