Bajo el lema Protestar no es un delito, familiares de los arrestados e integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Asociación Trabajadores del Estado y la Central de Trabajadores-Autónoma (CTA-A), entre otras, llegarán hasta las proximidades de la Casa Rosada para demandar el cierre de las causas abiertas contra decenas de personas.
Además, abogarán por “el cese de la persecución y la criminalización de la protesta”.
El miércoles pasado, el Senado votó la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ómnibus) que otorga facultades legislativas durante un año a Milei, bajo el pretexto de la declaración de una emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.
Miles de ciudadanos intentaron llegar hasta el Congreso para expresar su rechazo a esa normativa, pero la zona fue vallada y rodeada por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Federal, la Gendarmería y la Prefectura que usaron gases, camiones hidrantes y balas de goma contra ellos.
Según la CTA-A, al menos 200 personas resultaron heridas y más de 30 fueron detenidas.
Aunque 17 fueron excarceladas, 16 permanecen arrestadas y enfrentan causas por delitos graves contra el orden democrático, en línea con las acusaciones por terrorismo y golpe de Estado realizadas por el Gobierno.
En un comunicado conjunto, entidades como las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos expresaron su preocupación por lo sucedido y repudiaron la calificación de los manifestantes como “terroristas”.
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