La decisión de 22 parlamentarios de someter a esa instancia la acción de consenso público junto a la controvertida Ley Jaguar para la independencia de Costa Rica dilata el proceso y frustra de forma legal la votación del proyecto, que el parlamento aprobó para esa fecha .
Los proponentes, pertenecientes a las formaciones Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista, Frente Amplio e independientes presentaron una consulta inscrita como “expediente 24.364”, cuya formulación es consustancial al referendo, coinciden la mayoría de los medios.
El jefe de la fracción liberacionista, Óscar Izquierdo, admitió que, aunque su bancada está a favor de la consulta popular, rehuye “ser irresponsables» con una acción masiva que costaría al país tres mil millones de colones (unos cinco millones 750 mil dólares).
“Presentamos este recurso ante la Sala Constitucional –argumentó Izquierdo- porque tenemos serias dudas respecto al proyecto que el Gobierno quiere llevar a referendo, que plantea cambios sobre la eliminación de controles y disminuye la transparencia en la contratación pública”.
La consulta –explica el diario Delfino- se tramitará bajo el expediente 24-16511-0007-CO y ahora deberá ser sometida a análisis de admisibilidad en el alto tribunal, cuya respuesta positiva sería notificada mediante resolución a la Asamblea Legislativa.
La Presidencia del Congreso, por su parte, confirmó que, antes de analizar el texto en el Plenario, los legisladores deberán esperar a que concluya la consulta ante la Sala Constitucional, que dispone de un mes para dirimir sobre una respuesta.
También el jefe de fracción del Frente Amplio, Antonio Ortega Gutiérrez, coincidió en que el referendo y su Ley Jaguar eliminarían las potestades de control y fiscalización de la Contraloría, cambiaría el modelo fiscalizador establecido por la Constitución, y abriría puertas a la corrupción.
“Tenemos la responsabilidad –puntualizó- de que lo que se consulte a los costarricenses esté bien en forma y en fondo y que no tenga vicios constitucionales, por la importancia que tiene la figura del referendo y por la inversión que haría el país en dicha acción».
Por su parte, la bancada del Frente Amplio adelantó que esta primera consulta constitucional busca aclarar si la Ley Jaguar violenta los artículos 11, 183 y 184 de la Constitución sobre la labor de fiscalización del erario otorgada a la Contraloría General de la República.
La Sala Constitucional –según el canal Teletica- va a solventar si el proyecto es legal o no lo es, que es parte de las funciones de ese cuerpo.
El diario La República, por su lado, aseguró que “sin discutir ni un minuto, ni mucho menos votar sobre el referendo, los 22 diputados asumieron la determinación de acudir a la Sala IV para conocer la legalidad de la Ley Jaguar”.
“De esta manera –puntualizó la publicación- evitaron tomar una decisión y ser responsables por el eventual rechazo del referendo”.
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