Una nota de la PF indica que, en total, fueron expedidos 27 mandatos judiciales de búsqueda y captura, expedidos por el Supremo Tribunal Federal (STF), en los estados de Santa Catarina (sur), Mato Grosso do Sul y Goiás (centro).
Los nombres de los blancos no fueron divulgados, pero el portal R7 confirmó que son empresarios de la región sur del país que actuaron en el financiamiento de los episodios antidemocráticos y en el bloqueo de carreteras.
Adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022) invadieron y depredaron el 8 de enero de 2023 las sedes capitalinas del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio Presidencial, bajo gritos de intervención militar y en rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Las indagaciones muestran que los daños a los edificios públicos pueden llegar a los 40 millones de reales (unos ocho millones dólares).
Por lo anterior, la Justicia también autorizó el bloqueo de bienes ligados a personas y objetivos de la operación, tras autorización del STF.
En teoría, los hechos investigados constituyen crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación criminal, incitación al crimen, destrucción y deterioro o inutilización de bien especialmente protegido.
«Las investigaciones continúan en curso y la Operación Lesa Patria se hace permanente, con actualizaciones periódicas sobre el número de órdenes judiciales emitidas, personas capturadas y fugitivas», explicó la PF. Recientemente, el procurador general de la República, Paulo Gonet, pidió al ministro Alexandre de Moraes, del STF, la inclusión de investigados por los actos golpistas en la lista de buscados por la Policía Internacional (Interpol).
Gonet quiere además la emisión de orden de detención preventiva contra los acusados.
La medida fue adoptada después de que el portal UOL divulgara el 14 de mayo que condenados por el complot rompieron las tobilleras electrónicas y huyeron a Argentina y Uruguay.
Hasta el momento, el STF condenó a 216 involucrados en la asonada.
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