El escándalo se destapó cuando el Centro de Investigación Periodística (Ciper) reveló una serie de chats entre el antiguo magistrado Juan Antonio Poblete y el exministro de Defensa durante el gobierno de Sebastián Piñera y actual candidato a alcalde por Santiago, Mario Desbordes.
En dichos mensajes de WhatsApp, Poblete le solicita apoyo a Desbordes para lograr que su amiga María Teresa Letelier alcanzara un puesto en la Corte Suprema de Justicia.
Otro reportaje de Ciper asegura que la magistrada Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, influyeron en el nombramiento del Fiscal Nacional.
A raíz de las filtraciones, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella contra quienes resulten responsables de delitos de corrupción que socavan las bases de la independencia judicial.
“Hay que poner un atajo al nombramiento de jueces por razones que vayan más allá de su capacidad e idoneidad para ejercer el cargo”, afirmó la directora del INDH, Consuelo Contreras.
A pesar del rechazo de la oposición de derecha a que consejeros del organismo interpusieran esa demanda, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió dar curso a la acción penal.
“Tanto el Poder Judicial como la Fiscalía Nacional están pasando por una situación crítica que ha hecho que la inmensa mayoría del país pierda credibilidad en estas instituciones”, advirtió el diputado por el Partido Socialista Jaime Naranjo.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, trabajadores judiciales lamentaron que ante las acusaciones de tráfico de influencias, la máxima autoridad del poder judicial no ordene investigaciones administrativas, ni suspenda a los funcionarios involucrados.
El caso llevó al pleno de la Corte Suprema a reunirse de manera extraordinaria esta semana para discutir posibles cambios en el nombramiento de jueces.
La nueva vocera del tribunal, María Soledad Melo, leyó un comunicado donde los magistrados abogaron por separar la función jurisdiccional de la administrativa y avanzar en la redacción de un código de ética.
Expertos consideran necesario reformar el sistema judicial y el mecanismo de nombramiento en sus instituciones a fin de garantizar la transparencia e imparcialidad de los tribunales.
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