El DOJ tendrá hasta el próximo 7 de julio para interponer los posibles cargos que son sólo el último fuerte golpe a la reputación del segundo fabricante mundial de aviones comerciales, conocido históricamente por la calidad y seguridad de sus aeronaves.
Más allá de dos tragedias de envergadura que involucraron a los 737 Max en 2018 y 2019 con saldo fatal de 346 muertos, la compañía estadounidense ha enfrentado desde enero una serie de incidentes que podrían llevar la gloria de Boeing de los aires al suelo.
La mala racha comenzó el 5 de enero cuando -increíblemente- un tapón de la puerta de un 737 Max volado por Alaska Air explotó y provocó un enorme boquete en un costado del avión cuando se encontraba en pleno vuelo.
Pero el problema ahora viene porque el DOJ y Boeing llegaron a un acuerdo en enero de 2021 para resolver los cargos que alegaban que la compañía defraudó a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) durante el proceso de certificación del 737 Max antes de que pudiera transportar a sus primeros pasajeros.
Ese convenio habría evitado cualquier responsabilidad penal a pesar de la declaración del DOJ en ese momento de que “declaraciones engañosas, verdades a medias y omisiones comunicadas por los empleados de Boeing a la FAA” habían ocultado deficiencias potenciales.
El avión en cuestión entró en servicio en 2017, y apenas un año después sufrió la primera de las dos fatalidades que provocaron la inmovilización de la flota en tierra durante 20 meses.
Para entonces se determinó que la causa de los accidentes fue un defecto de diseño, admitió Boeing, que ya registró pérdidas operativas básicas en el orden de los 31 mil 900 millones de dólares cuando inmovilizaron a los aviones 737 Max y sobrevino luego el percance mortal de 2019.
Según reportan medios de prensa, la compañía corre el riesgo de perder -por primera vez en su historia- su calificación crediticia de grado de inversión.
Los pronósticos en el peor escenario señalan que de ser declarado inelegible para hacer negocios con la administración federal en caso de un delito, significaría para Boeing prácticamente una sentencia a muerte ya que la empresa basa buena parte de sus ingresos en contratos con el Gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, los análisis sugieren que tal escenario no llegará por razones de seguridad nacional, porque la mayoría de esos contratos son con el Departamento de Defensa.
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