El portal noticioso Al Quds denunció que las autoridades de ese país emitieron el pasado mes de enero una orden de detención administrativa contra Jarrar, tras su detención el 26 de diciembre de 2023.
Miles de palestinos están recluidos en cárceles sin cargos ni juicios bajo ese polémico procedimiento, utilizado por Israwel para arrestarlos por intervalos renovables que suelen oscilar de tres a seis meses sobre la base de pruebas no divulgadas, que incluso el abogado del acusado tiene prohibido ver.
En septiembre de 2021, la miembro del Buró Político del Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP) fue liberada tras pasar dos años en prisión.
Reconocida por su lucha en defensa de las mujeres y de los detenidos, la activista fue elegida en 2006 para el Parlamento palestino, y luego presidenta de la Comisión de Presos de ese órgano legislativo, además de participar en el grupo de trabajo encargado de presentar una denuncia contra el Estado israelí ante el Tribunal Penal Internacional.
En marzo de 2021 fue condenada por pertenecer al FPLP, un partido de izquierda, pero liberada meses después porque la mayor parte de su sentencia ya la había cumplido en el periodo previo al juicio.
Israel considera al FPLP un grupo terrorista, al igual que al resto de las formaciones palestinas que luchan contra la ocupación y en favor de la creación de un Estado nacional.
Durante su estancia en la cárcel falleció de un paro cardíaco su hija Suha, de 30 años, pero las autoridades israelíes rechazaron otorgarle una licencia para asistir al funeral.
“Fue un momento difícil. Pero sentí que su espíritu me acompañaba”, afirmó entonces la militante palestina.
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