El abogado del expresidente (1990-2000), Elio Riera, intentó minimizar el dictamen de la magistrada suprema chilena Andrea Muñoz que da luz verde al juzgamiento de Fujimori por cinco delitos que, según consigna, califican como crímenes de lesa humanidad.
Dijo que uno de los casos, el de las esterilizaciones forzadas masivas de mujeres indígenas y pobres, ha sido archivado en instancias menores de la justicia peruana, lo que será fundamento de un recurso que piensa presentar ante la Corte Suprema del país vecino, de la que depende la decisión definitiva.
La justicia peruana tiene potestad de autorizar o rechazar nuevos procesos al exgobernante debido al tratado bilateral de extradición por el cual entregó en 2007 a Fujimori al Estado peruano para que lo enjuicie por delitos específicos, por lo cual fue condenado a 25 años de cárcel.
Riera agregó que el indulto que en diciembre de 2023 interrumpió el cumplimiento pleno de la sentencia dictada contra Fujimori en 2009, y conlleva lo que llamó derecho de gracia e impide juzgarlo por otros delitos.
Otro es el parecer del jurista Carlos Rivera, quien fue uno de los abogados de la parte civil en el juicio en el que fue condenado Fujimori por dos matanzas de civiles inermes, ejecutados por un escuadrón militar, y secuestro, entre otros cargos.
Rivera dijo que el dictamen de la magistrada chilena confirma que el indulto a Fujimori lo libra de todos los delitos pendientes y dijo que, además, el exgobernante verá comprometido su intento de volver a la política, por el proceso en marcha referido a otra matanza de la que fueron víctimas un grupo de campesinos.
El letrado expresó confianza en que la Corte Suprema chilena autorizará enjuiciar a Fujimori por dos casos de secuestro y desaparición, uno de ellos de toda una familia; una matanza de presos acusados de terrorismo; las esterilizaciones forzadas, y la presunta ejecución extrajudicial de alzados que tomaron rehenes en la residencia de la Embajada de Japón. jha/mrs
