El esquema fue detectado por la propia corte que identificó 158 registros de irregularidades realizadas a través de la aplicación.
Los objetivos hacían la emisión de título de elector y la inscripción como voluntario de mesa en nombre de las víctimas.
En total, fueron cumplidos seis órdenes de búsqueda y aprehensión en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais (sudeste), y en otras ciudades: Sao Paulo, Sao Miguel do Gostoso y Maracanaú.
Los investigados deben responder por invasión de dispositivo informático. El delito está previsto en el Código Penal y tiene pena básica de reclusión de uno a cuatro años, además de multa, con posibilidad de aumento a depender de la situación.
La PF debe continuar la indagación para aclarar cuál era la motivación y el objetivo de los investigados con la invasión de los sistemas de la Justicia Electoral.
En abril, la fuerza del orden público identificó a uno de los invasores del Sistema Integrado de Administración Financiera. Los pesquisidores consideraron en la ocasión que los accesos indebidos fueron realizados por una organización criminal.
El cracker, término técnico usado para describir quien usa el conocimiento de informática para generar daños y cometer crímenes, habría accedido al sistema por medio de credenciales de acceso válidas, pero robadas de servidores públicos que actúan en la gestión de ejecuciones financieras del Gobierno.
La información con credenciales de acceso a gov.br habría sido recogida durante meses, silenciosamente, hasta que se reunieran datos suficientes para realizar un ataque a gran escala.
En uno de los intentos, el ciberpirata habría intentado realizar una transferencia vía Pix, es decir, instantánea.
Pero, el sistema detectó que el registro de contribuyente (CPF) y la clave Pix utilizada era el mismo entre quien envió el pago y quien recibiría, lo cual es vedado por las reglas del Gobierno.
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