El Ejecutivo apelará el fallo del juez Alejandro Recarey, que ordenó a la estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE) no suscribir el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, para la construcción de la planta potabilizadora en Arazatí con una toma de agua en el Río de la Plata.
Desde el Gobierno, se asegura que «el proyecto Arazatí garantiza un derecho básico a la población que reside en Montevideo y el área metropolitana, como es el acceso al agua potable».
«El proyecto prevé la construcción de infraestructura para potabilizar el agua, independientemente de fenómenos climáticos adversos y problemas técnicos», subraya.
«Se trata de un compromiso de este gobierno para hacer frente a un problema que se arrastra desde hace muchos años, relacionado con la ausencia de una segunda fuente para el suministro de agua potable, para abastecer a más del 60 por ciento de la población del país», sostiene el comunicado.
Agrega que «es la inversión más grande de los últimos 150 años en esta área y recuerda la crisis hídrica que afectó al país el año pasado y su impacto en la calidad del vital líquido.
El juez Alejandro Recarey ordenó la paralización del proyecto ante presunciones de su carácter privatizador del servicio de agua a la población.
El magistrado ordenó a la estatal OSE que «no suscriba el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo”, paralizando así las obras del proyecto Neptuno en Arazatí.
Según la medida cautelar, divulgada por la prensa, el juez argumentó que “hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable”.
El juez cita el numeral tres del artículo 47 de la Constitución que dispone: “El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.
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