La normativa busca que los culpados por ese delito grave y que hayan obtenido su libertad, no puedan trabajar en el sector de educación, así como en el cuidado u orientación de niños durante los 30 años siguientes.
La restricción laboral comenzaría cuando la persona haya cumplido la condena.
Trascendió que el proyecto fue aprobado tras 10 años en el Congreso, en un país donde son frecuentes los casos de agresión sexual publicados por la prensa local a partir de fuentes oficiales.
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