Un tema trasladado este miércoles al Congreso de los Diputados en la última sesión de control al Gobierno en el verano y que, para no variar, manifestó los habituales desencuentros entre los socialistas del PSOE y los conservadores del Partido Popular (PP).
En las antípodas, otras organizaciones como los independentistas catalanes de ERC y Junts, la ultraderecha de Vox, o los más a la izquierda de Podemos, señalaron con matices que el PSOE terminó plegándose al PP, o que el PP se subordinó al PSOE, según los puntos de vista.
Sin embargo, el choque entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, si bien discreparon en sus intervenciones, fueron mucho más moderados que de costumbre y dieron la bienvenida a un acuerdo de Estado.
El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, se mostró esperanzado en que las relaciones con el PP mejoren a partir de ahora, tras la firma del acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Bolaños fue el negociador con el eurodiputado electo del PP Esteban González Pons, y a sus expectativas se sumó el portavoz parlamentario socialista, Patxi López.
«Un buen acuerdo, un acuerdo necesario que determina que hay espacio para los asuntos de Estado y entendernos”, puntualizó López.
La víspera, el PSOE y el PP pusieron fin a cinco años de angustias, al lograr un acuerdo para renovar el CGPJ de España.
Un arreglo que pone fin a una de las más largas crisis en el ámbito jurídico español, en medio una situación de permanente crispación entre el PSOE, partido mayoritario en el Gobierno actual, y el PP, principal fuerza de oposición.
Se logró en una reunión en Bruselas, Bélgica, bajo el amparo de la comisaria de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová, con Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, González Pons.
La información, difundida en notas idénticas del PP y el PSOE, permitirá «proceder a la inmediata renovación del CGPJ, tal como recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023».
Asimismo, supone tramitar una reforma para modificar el sistema de elección de sus miembros mediante una proposición de ley orgánica presentada en el Congreso.
El nuevo Consejo General del Poder Judicial tendrá entre sus tareas más urgentes cubrir las 25 vacantes de magistrados que acumula el Tribunal Supremo (TS) y las 38 de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) ante la imposibilidad que arrastra desde 2021 el órgano de gobierno de los jueces de hacer nombramientos con el mandato caducado.
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