De acuerdo con el Decreto ejecutivo publicado en Gaceta Oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores garantizará los recursos necesarios para el funcionamiento de ese colectivo creado en 2016 para investigar las violaciones de derechos humanos durante esa agresión que cercenó decenas de vidas humanas y trajo desaparecidos y la destrucción de varios poblados.
La Comisión ha centrado su labor en el reconocimiento de víctimas de la invasión y entre sus finalidades está la de lograr la cifra exacta de personas fallecidas y heridas durante la intervención militar estadounidense.
La agrupación actualmente busca identificar más víctimas de la invasión para la cual ha solicitado a las personas que tengan familiares desparecidos o fallecidos donar el ADN como parte del proceso.
En mayo pasado, la Comisión envió a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala 28 muestras de víctimas de la invasión para sus respectivos análisis y deberá rendir un informe final de la labor realizada.
Para los familiares de las víctimas y el país istmeño en su conjunto, estas tareas tienen una importancia trascendental, pues la identificación de los restos no solo proporciona cierre y paz a los seres queridos, sino que también refuerza el compromiso de Panamá con los derechos humanos y la memoria histórica.
De acuerdo con datos de diferentes instituciones públicas y la Iglesia católica poco más de 600 personas perdieron la vida en la invasión, además de otras desaparecidas y más de dos mil recibieron heridas, pero el grupo que investiga los hechos estima en más de cuatro mil las víctimas mortales.
Como parte del proceso en busca de la verdad, han realizado decenas de exhumaciones en el Jardín de Paz, en Ciudad de Panamá; y en el cementerio de Monte Esperanza, en la provincia de Colón, con el fin de identificar varios cuerpos encontrados en las fosas comunes.
En 2021, el Gobierno decretó el 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional, y estableció que la bandera del país istmeño deberá ondear a media asta, aunque la jornada no prevé el cierre de oficinas públicas ni privadas.
Este año se cumplen 35 años en que Panamá fuera laboratorio de la más alta tecnología de guerra diseñada por los Estados Unidos.
La denominada Causa Justa, cuyos objetivos expuestos eran acabar con la supuesta dictadura y capturar al exgeneral Manuel Antonio Noriega, restaurar la democracia y dar bienestar al pueblo, lo que en realidad trajo fue la muerte, sobre todo en barrios humildes como El Chorrillo, en esta capital.
Además de las pérdidas humanas, esta agresión ocasionó la destrucción de gran parte de la infraestructura del istmo, dejando a miles de personas sin hogar.
Entonces las tropas norteamericanas no hicieron el menor esfuerzo por limitarse a blancos militares, y evitar daños a las vidas y bienes de la población civil.
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