Por cuarta vez, Brasil registra movilizaciones contra el polémico texto, desde que la urgencia de la iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados, el 12 de junio.
En la ocasión, el presidente de esa asamblea legislativa, Arthur Lira, votó la solicitud de urgencia, presentada por el diputado Eli Borges, sin previo aviso y sin anunciar el número del proyecto.
La premura fue aprobada en votación simbólica en exactos 23 segundos, sin registro del parecer de cada parlamentario en el panel electrónico.
En general, el sufragio alegórico ocurre cuando ya existe acuerdo entre los legisladores sobre el tema en pauta, lo que no fue el caso.
Tal proyecto fue propuesto por el diputado federal Sóstenes Cavalcante y firmado por otros 31, la mayoría integrantes del conservador Partido Liberal, el mismo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).
Después de la repercusión negativa, Lira retrocedió y afirmó que hay posibilidades de cambios en el argumento del proyecto.
Una de las principales críticas al documento es que propone una pena más severa para las mujeres que realicen abortos derivados de violación que para los agresores.
La disposición prevé una pena de seis a 20 años para las mujeres, mientras que el castigo para los violadores varía de seis a 10 calendarios si las víctimas resultan adultas, y de ocho a 12 años en caso de menores de edad.
El aborto es un delito en el gigante sudamericano, pero hay tres situaciones en las que está permitido.
Son los casos de interrupción legal: anancefalia fetal, es decir, mala formación del cerebro del feto, embarazo que pone en peligro la vida de la mujer encinta y el que resulta de violación.
La timidez, el recelo y la falta de información sobre sus derechos hacen que ocho de cada 10 niñas y mujeres, víctimas de violación en el país, no concurran a la policía o a un servicio de salud después de sufrir agresión sexual.
Sin embargo, nueve de cada 10 brasileños (87 por ciento) estiman que las agobiadas por una transgresión deben tener la opción de abortar, tal y como establece la ley, según un estudio realizado por los institutos Patrícia Galvão y Locomotiva.
Lira anunció que la discusión sobre el proyecto se pospondrá para el segundo semestre.
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