Probablemente esta madrugada en su habitual parte la Policía Nacional Civil informe de que el mes de julio alcanza ya 21 jornadas sin asesinatos atribuibles a los terroristas, según calificativo aprobado por la Asamblea Legislativa.
La disminución de homicidios es atribuido al Plan Control Territorial, puesto en marcha el 20 de junio de 2019, y al régimen de excepción que fue aprobado por la Asamblea Legislativa, ambas herramientas esenciales para el enfrentamiento a las maras.
La víspera la suma de jornadas sin fallecidos era de 20 y es muy posible que junio iguale el record de 24 que comparten enero y febrero, y que en conjunto en lo que va de año suman 129.
Gracias a la política de seguridad que aplica el gobierno el 2023 cerró como el año más seguro en la historia salvadoreña, luego de terminar con una tasa de 2,4 homicidios por cada 100 mil habitantes, una cifra muy distante con la que finalizó en 2015 cuando fue de 106,82, y se espera que 2024 supere esos resultados.
El Plan Control Territorial, en su primera fase, mostró buenos resultados al bajar el promedio de homicidios.
Otras anomalías como las extorsiones, según las estadísticas de la Fiscalía General de la República, se redujeron en un 57 por ciento entre el 2022 y el 2023, con la implementación del régimen de excepción.
En su enfrentamiento a las pandillas, este miércoles un cabecilla de la Mara Salvatrucha y 15 elementos de La Libertad fueron condenados hasta con 100 años de cárcel por delitos de crimen organizado, homicidios y extorsiones.
A 100 años de cárcel fue condenado Pablo Barrera, alias Cabra, por proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, extorsión agravada continuada y agrupaciones ilícitas.
La segunda sanción más elevada fue para Wilber Giovanni Hernández Álvarez, alias «Chenga», que se le impuso una pena de 30 años por proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
Por otra parte, un pandillero identificado como Wilber Jhovanny Hernández Álvarez, fue condenado a 70 años de cárcel por el asesinato de un soldado.
Durante el juicio el ministerio fiscal probó que el acusado era culpable de asesinar a dos personas, una de ellas un soldado.
Estas acciones y las condenas son demostrativas que el gobierno mantiene un enfrentamiento sin cuartel a estos grupos delictivos mientras la población espera que comiencen las acciones del Ejecutivo para encaminar el desarrollo económico de la nación sin las amenazas a la seguridad.
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