La firma de esa legislación por Mattarella, ocurrida hace pocas horas, en la tarde del 26 de junio, acelera la movilización para un referendo que derogue esa legislación, considerada por el líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Giuseppe Conte “una sentencia de muerte para la sanidad, el transporte y la educación de muchas regiones italianas”.
Un reporte divulgado en el sitio digital del diario Il Fatto Quotidiano apunta de hecho que, en los últimos días, el M5S solicitó al jefe de Estado que no signara esa ley, mientras en el Partido Democrático (PD) se planteó la hipótesis de su promulgación acompañada de un mensaje sobre la manera de interpretar esa iniciativa.
Sin embargo, Mattarella promulgó esa legislación sin comentarios y la misma entrará en vigor 15 días después de su publicación en el Diario Oficial.
Entre los temas que causan mayor preocupación entre quienes se oponen a esa medida se encuentra el relativo a los Niveles Esenciales de Prestación (LEP) en todo el territorio nacional, sobre los cuales la primera ministra, Giorgia Meloni, aseguró que estos serán financiados por el Estado y ninguna región puede violarlos.
El artículo 4, apartado 2, de esa ley permite al ministro de Asuntos Regionales, Roberto Calderoli, iniciar negociaciones para la devolución inmediata de las 184 funciones que no requieren una definición de los LEP.
Luego de la aprobación en el Parlamento de este proyecto, presentado por Calderoli y que lleva su nombre, el PD, junto al M5S, la Alianza de los Verdes y la Izquierda (AVS), Acción e Italia Viva (IV), entre otras fuerzas, anunciaron la unión de esfuerzos hacia la recogida de 500 mil firmas que posibiliten el citado referendo.
La líder del PD, Elly Schlein, aseguró que “la batalla por defender la unidad del país apenas comienza”, contra esa reforma que calificó como un “sueño secesionista” de la ultraderecha.
El ex primer ministro Matteo Renzi, presidente de IV, señaló que esta nueva medida no sirve a las regiones más ricas del norte del país y es perjudicial para las más pobres, del sur, a la vez que la calificó como “una locura institucional”.
La mayoría de las más importantes fuerzas sindicales ya manifestaron su desacuerdo, como es el caso de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), la cual mediante un comunicado calificó esta ley como “una herida profunda para la democracia” que socava los derechos de los ciudadanos”.
La autonomía diferenciada “compromete la unidad del país y ataca la Constitución nacida de la Resistencia antifascista” señala la nota de la CGIL, que llamó a sus afiliados a movilizarse contra la misma, así como a constituir un comité de promoción para recoger firmas que conduzcan al referendo para su derogación.
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