Tras el estallido social de octubre de 2019, la administración del entonces presidente Sebastián Piñera congeló las tarifas de este servicio, pero no anuló los aumentos periódicos hechos por las empresas generadoras, que se fueron acumulando.
Los precios debieron regularizarse en 2020, sin embargo la irrupción de la pandemia de Covid-19 lo impidió y fue hasta este año que el Congreso Nacional aprobó una ley al respecto, propuesta por el Ejecutivo encabezado por Gabriel Boric.
De acuerdo con el Gobierno hay una deuda global con la industria productora y distribuidora del fluido de unos seis mil 500 millones de dólares, que se pagarán con incrementos escalonados durante varios años.
La actual presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, una de las pocas en oponerse en el Congreso al proyecto legislativo, recordó este viernes su advertencia acerca de los efectos negativos que tendría para la economía de las familias.
Agregó que el Ejecutivo nunca entregó el detalle de cuánto se encarecerían las tarifas y aún así sus colegas votaron, prácticamente a ciegas, a favor.
Hernán Calderón, máximo dirigente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, dijo que este es un problema generado hace cuatro años y en cuya solución las personas no tuvieron nunca ni voz ni voto, pero ahora les toca pagar más.
Agregó que el subsidio anunciado por el Gobierno es insuficiente ante la magnitud del alza y, además, no considera a los cerca de 600 mil clientes que tienen deudas con las empresas eléctricas.
Por su parte, el presidente de la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Héctor Sandoval, cuestionó cómo las autoridades están manejando hasta ahora esta problemática.
En recientes declaraciones el presidente Boric rechazó mantener congeladas las tarifas y dijo que “deuda que no se paga, sale más cara”.
También se criticó la ausencia de los ministros de Energía y Hacienda, Diego Pardow y Mario Marcel, respectivamente, en una mesa técnica del Congreso Nacional para analizar la situación.
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