Con esa acción el legislativo pretende acabar con una zona legal “gris” que dificultaba a cuatro de cada siete víctimas denunciar acciones de esa envergadura.
Hasta ahora, la legislación vigente consideraba culpable de violación a quien, mediante fuerza, amenaza ilícita o engaño, “hiciera que otra persona se sometiera a un acto ilícito”.
Ahora, será violación el hecho de obligar a otro a mantener relaciones sexuales mediante la fuerza, amenazas, engaño u otros medios.
La nueva ley eleva hasta 15 años de prisión la pena máxima por delitos de esa tipología, en vez de los 12 años estipulados actualmente.
Asimismo añade una disposición que castiga con hasta ocho años de privación de libertad a quien, “aprovechándose de su incapacidad para reconocer el sentido del acto o para dirigir su conducta, lleve a otra persona a realizar un acto sexual”.
Según la fundación polaca independiente Ster, las aproximadamente mil 400 violaciones anuales reportadas por la policía representan solo el ocho por ciento del número real de delitos de este tipo que se cometen en todo el país.
La modificación de la ley de delitos sexuales es una iniciativa del partido Izquierda, que forma parte de la coalición del Gobierno y que comenzó una campaña para lograr este cambio desde que en 2020 impactó el caso de una niña de 14 años cuyo violador no fue condenado porque, según la sentencia, “la víctima no gritó”.
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