El miércoles, el ejecutor del ataque a la exmandataria, Fernando Sabag, reconoció ante el Tribunal Oral Federal 6 que pretendía matarla y su novia (Brenda Uliarte) “quería ser más una espectadora del momento que una partícipe”.
El 1 de septiembre de 2022, Sabag apuntó con una pistola a la cabeza de la exjefa de Estado cuando ella saludaba a personas reunidas en las afueras de su domicilio en el capitalino barrio de Recoleta.
Gatillé una vez, no dos, y no volví a recargar al arma porque fui interceptado. No tuve momento de salida o escape del plan. La distancia fue prudencial para poder llegar. Estaba a 30 centímetros, dijo.
“Son cuestiones de incomodidad con lo establecido. No hay que buscar una justificación por la cual se cometió el acto (…) Soy el resultado de muchas fallas de la justicia. Traté de pagar el precio de lo que otros no hicieron”, añadió.
Tras la audiencia, uno de los abogados de Fernández, Marcos Aldazabal, aseveró que quedó desmontada la teoría de que se trataba de “un loquito suelto”, pues el acusado sabe lo que hizo y sus consecuencias.
Fue bastante explícito en mostrar cómo la persecución judicial contra Fernández –impulsada con algunos medios de comunicación– fue lo que lo llevó a pensar que ella era la generadora de todos los problemas del país y había que matarla, añadió.
Por otra parte, advirtió que tras el ataque ocurrieron hechos muy graves como la eliminación de datos de celulares de los implicados.
También está por determinar la relación del diputado Gerardo Milman con el suceso.
Dos días después del inicio del juicio, en la madrugada del viernes, la Cámara de Diputados ratificó la aprobación de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ómnibus), pese al rechazo de organizaciones sociales, sindicales y políticas.
La misma otorga facultades legislativas al presidente Javier Milei, permite declarar un período de emergencia, establece una reforma laboral, restituye el impuesto a las ganancias para los asalariados mientras disminuye los impuestos a grandes propietarios y establece un Incentivos para Grandes Inversiones a favor del capital extranjero, entre otras disposiciones.
Según el analista Luis Bruschtein, tanto el atentado como la aprobación de la ley resultan alarmantes y demuestran el mal estado de salud institucional de una democracia atravesada por discursos de odio instrumentados por sectores del poder económico que finalmente logran favorecer sus intereses.
La aprobación de la ley es la consecuencia de que finalmente los tres poderes republicanos fueron arrasados por los poderes fácticos englobados en la cúspide de la pirámide social, un sector del capital concentrado en alianza con transnacionales, indicó.
“El juicio, una consecuencia del discurso de odio alimentado por quienes querían proscribir y erradicar un obstáculo para sus intereses (el liderazgo de Fernández). Y la aprobación de la Ley Bases, la consagración de esos intereses. Una semana que explica a la Argentina”, concluyó.
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