Un comunicado oficial, que anuncia también la separación del cargo del comisionado de Inclusión Social, Ricardo Sosa, explica que la medida fue aplicada luego de tramitar ambos funcionarios dicho texto central de la movilización, «sin autorización del presidente o de su despacho».
El texto de la Casa Presidencial comunica la anulación de la declaratoria, cuya tramitación y formalización ante las autoridades omitieron los organizadores de la llamada Marcha de la Diversidad, quienes tampoco recibieron los permisos necesarios, según las normas vigentes para esos eventos.
La destitución de Guadamuz Rosales y Sosa Ortiz -precisa el nota- responde a «la responsabilidad política y disciplina» que se espera de los altos funcionarios de la Administración.
El texto transmite el agradecimiento del jefe de Estado por el servicio de ambos funcionarios durante su tiempo en el Gobierno y adelanta el anuncio en breve de los titulares que los remplazarán en sus respectivos puestos vacantes.
La Presidencia ordenó una revisión de los pasos administrativos relacionados con los trámites ante una movilización de este tipo, las delegaciones de firmas y los flujos de proceso, a fin de «evitar errores» similares en el futuro.
Organizadores de la marcha respaldaron un documento promovido la víspera por la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), integrada por 103 entidades de negocios y organizaciones.
En el contenido se comprometieron con la diversidad y la inclusión, al firmar una denominada «Declaración de San José».
Medios de prensa destacaron que esta iniciativa liderada por dicha agrupación alcanzó su noveno año y demuestra la madurez del país en el respeto a la diversidad e inclusión.
La AED, que actúa como el capítulo tico de la Red Pride Connection, promotora en varios países de esa diversidad y la creación de espacios laborales inclusivos, logró que sus entidades miembros asumieran unos 350 compromisos públicos en pro de propósitos de la comunidad LGBTIQ+.
Tales resultados constituyen un hito a nivel latinoamericano y demuestran la madurez de Costa Rica en el respeto a los Derechos Humanos, destacó en ese momento la directora ejecutiva de la AED, Olga Sauma.
La ejecutiva describió como objetivos principales de la Declaración de San José eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género; y promocionar y apoyar los Derechos Humanos de las personas LGBTIQ+.
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