Tras 28 años de servicio ininterrumpido, el primero en abandonar sus funciones fue el fiscal superior Aurelio Vásquez, que lideró el proceso por el caso Blue Apple, relacionado con los sobornos que contratistas del Estado pagaron a funcionarios entre los años 2009-2014.
En esa causa aparecían como implicados Luis Enrique y Ricardo Alberto, hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), condenado recientemente a más de 10 años de cárcel por lavado de dinero en otro proceso, el New Business, pero asilado desde el 7 de febrero en la embajada de Nicaragua en esta capital.
En este caso, a los hermanos Martinelli se les ordenó elevar la competencia al pleno de la Corte Suprema de Justicia por estar juramentados como diputados del Parlamento Centroamericano.
La decisión se conoce justo después de que el Procurador Javier Caraballo destituyera a los fiscales superiores Zuleyka Moore y y Adrecio Mojica, ambos con amplia experiencia en casos de anticorrupción y que formaran parte del equipo que investigó las coimas de Odebrecht, en el cual están enjuiciado los exmandatarios Martinelli y también Juan Carlos Varela (2014-2019).
Medios de prensa como La Estrella de Panamá recordaron que en mayo de 2020, en medio de la Covid-19, el entonces procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, anunció la rotación de varios fiscales, entre ellos Moore y Vásquez, quienes fueron retirados de los casos Odebrecht y Blue Apple, respectivamente, en los que hay implicados personajes de alto perfil con gran poder económico y político.
Para el informativo, todo este revuelo se da además luego que la jueza Baloisa Marquínez, absolviera a 28 imputados por casos de lavado de dinero en procesos como Papeles de Panamá y Lava Jato, decisión vista como tardía.
En esta sentencia, la jueza absolvió a 28 personas acusadas del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, en los casos contra la firma de abogados Mossack Fonseca, sus colaboradores, y ciudadanos de nacionalidad alemana.
Ese caso ha puesto a prueba al sistema judicial panameño, generando cuestionamientos sobre la transparencia y la equidad en los procesos judiciales.
“Esta sentencia llega tardíamente, pero es relevante porque expone las fallas de un sistema judicial que a menudo vulnera los derechos de los ciudadanos”, señaló Juan Carlos Araúz, expresidente del Consejo Nacional de Abogados.
Araúz destacó la urgente necesidad de reformar el modelo inquisitivo mixto utilizado en los procesos judiciales que permiten preconceptos y presiones que distorsionan la administración de justicia.
Además del caso Mossack Fonseca, las recientes destituciones de fiscales superiores han generado inquietud y demandas de transparencia en la gestión pública.
Al respecto, Araúz indicó que la Fiscalía debe revelar de manera clara y pública las razones detrás de estas destituciones y la población merece saber si estas acciones fueron producto de un mal funcionamiento o de irregularidades que comprometen la credibilidad de las instituciones.
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