La canciller interina, María Nela Prada, brindó esa información en conferencia de prensa al pueblo boliviano y a la comunidad internacional “en el marco del respeto a nuestra soberanía y a la dignidad del pueblo boliviano”.
Ante declaraciones vertidas por la oficina de Milei que se suman a la narrativa de un supuesto autogolpe en Bolivia, “se ha decidido, como Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, convocar al embajador de la República de Argentina en nuestro país, recientemente arribado”, aseguró la también ministra de la Presidencia.
Prada informó que, igualmente, se convocó en consulta al embajador de Bolivia en el vecino país, Ramiro Tapia, para que se presente en la Sede de Gobierno boliviano.
Este lunes, en un comunicado oficial, la Cancillería boliviana rechazó “enérgicamente las inamistosas y temerarias» declaraciones de la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), en su comunicado de fecha 30 de junio.
La OPRA, a través de un comunicado calificó de “falsa” la denuncia de golpe de Estado del Gobierno y señaló que en el país hay más de 200 “presos políticos”, incluidas figuras relevantes del golpe de Estado de 2019 como la presidenta de facto Jeanine Ánez (2019-2020), y el exlíder cívico de Santa Cruz Luis Fernando Camacho.
El texto de la Cancillería sostiene que “las desinformadas y tendenciosas” aseveraciones constituyen un exceso y un negacionismo inaceptable.
Ante tal realidad, las autoridades bolivianas invitaron a sus similares argentinas “a informarse y actuar en el marco de los principios de respeto a la soberanía y no intervención en asuntos internos de otros Estados, de conformidad a la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional”.
Agrega el escrito que Bolivia decidió soberanamente vivir en democracia, con características interculturales, y enfatizó que, cualquier acto militar que amenace con tanques de guerra y militares armados al Gobierno constituido por el voto del pueblo, es claramente un golpe de Estado.
Recuerda que intereses políticos internos y externos participaron activamente en 2019 en la ruptura del orden constitucional en Bolivia, como ocurrió con el envío de municiones por parte de Argentina para la represión contra quienes defendían la democracia.
El Gobierno del presidente Luis Arce enfatiza en que la convivencia pacífica y la hermandad entre los dos países nunca debe ser perturbada por intereses mezquinos e ideologías fascistas.
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