Las normativas remplazaron el Código Penal indio (IPC) de 1860, el de procedimiento penal de 1973 y la ley de pruebas de 1872.
La Bharatiya Nyaya Sanhita mantiene en gran medida las disposiciones del IPC, pero agrega delitos nuevos, elimina algunos anulados por tribunales y aumenta las penas para varias transgresiones.
De acuerdo con el servicio noticioso radial Newsonair, las nuevas leyes dan prioridad a las investigaciones de delitos contra mujeres y niños, con la garantía de su finalización oportuna en un plazo de dos meses desde el registro de la información.
Asimismo, resalta entre sus disposiciones clave el incremento del uso de la tecnología en los procesos legales como la posibilidad de informar incidentes en línea y la entrega de citaciones por vía electrónica, lo que acelera los procesos, reduce el papeleo y garantiza una comunicación eficiente entre todas las partes involucradas, según la fuente.
Con las nuevas normativas resulta obligatorio que los expertos forenses visiten la escena del crimen en caso de delitos graves y recopilen pruebas.
El medio noticioso agregó que la Oficina Nacional de Registros Penales realizó 23 modificaciones funcionales en sus Redes y Sistemas de Seguimiento de Delitos y Delincuencia y el gobierno brindó sesiones de capacitación y asistencia técnica a los estados y territorios de la Unión, la policía y las autoridades investigadoras.
El Ejecutivo consideró el cambio necesario pues, según su percepción, el IPC de 1860 y la ley de pruebas de 1872 no reflejaban con precisión en algunos de sus conceptos las normas y valores sociales actuales.
Agregó que fueron redactadas durante la época colonial con una baja participación popular e imponían ideas y valores extranjeros al tiempo que contenían un lenguaje arcaico.
Las autoridades precisaron que las leyes con el tiempo generaban confusión entre los profesionales del derecho, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el público en general.
En cuanto a la derogación del Código de procedimiento penal de 1973, detalló que fue una ley procesal establecida para administrar el IPC y experimentó revisiones en múltiples ocasiones.
Según expertos indios la aplicación de las tres nuevas leyes penales representarán grandes desafíos para las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, los funcionarios judiciales y los profesionales del derecho.
La aprobación de esos tres proyectos en el Parlamento el año pasado provocaron una serie de debates sobre la necesidad de dar pasos hacia la evolución en el campo del derecho.
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