Tras una discusión en la mañana de este martes, en una sesión virtual del plenario del legislativo, el asambleísta Carlos Vera, titular de la comisión que analizó el tema, pidió suspender la discusión por 48 horas, hasta analizar las nuevas observaciones expuestas por los parlamentarios.
La legisladora Patricia Mendoza, del movimiento Revolución Ciudadana, recordó que su bancada presentó anteriormente un proyecto de ley que contenía lo tratado en la consulta popular, la cual fue innecesaria en la que se gastaron 60 millones de dólares.
Mendoza agregó que en la propuesta de normativa ahora en discusión no se anexaron los aportes de expertos y se copiaron las mismas penas que sugirió el presidente Daniel Noboa sin un análisis mayor, cuando, a su criterio, «solo se trata de populismo».
La comisión multipartidista encargada de analizar las reformas resultantes de la consulta decidió en la noche del sábado mantener los textos propuestos por el mandatario relacionados con el aumento de penas.
Esa decisión llegó luego de que Noboa acusara a los parlamentarios de «legislar a favor de los delincuentes» por intentar disminuir las sanciones que él sugirió para delitos relacionados con el crimen organizado.
En mayor pasado, el jefe del Ejecutivo envió a la Asamblea un paquete de reformas para la aplicación de los resultados de la consulta popular.
El documento remitido por el jefe del Ejecutivo respondía a las nueve preguntas que tuvieron la aceptación ciudadana, sobre temas de seguridad y reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Sus propuestas contemplaron elevar las penas para delitos de terrorismo, producción y tráfico ilícito de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividades ilícitas de recursos mineros.
También se refieren al cumplimiento total de las penas de las personas privadas de la libertad dentro de las cárceles, establecer como delito la tenencia o porte de armas y destinarlas junto a explosivos y otros artefactos utilizados en delitos a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas.
Los asambleístas tienen facultad para ajustar lo sugerido por Noboa, aunque en su esencia no pueden rechazarlo, porque son reformas derivadas de la consulta popular, es decir, ya los ecuatorianos le dieron el visto bueno en las urnas.
La decisión definitiva del plenario respecto a ese asunto debe salir antes del 4 de julio.
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