La privación de libertad de Glas, en las condiciones actuales, no solo pone en riesgo la vida de una persona inocente, sino que además, coloca en entredicho la integridad de nuestro sistema judicial, denunció la RC a través de un comunicado.
La organización política que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017) respaldó la solicitud de habeas corpus presentada por la defensa de Glas y que fue aprobada este martes por el juez de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, Patricio Vidal.
La acción de habeas corpus fue presentada por la abogada Karen Begonia Gómez con el propósito de que Glas salga de esa penitenciaría de máxima seguridad y sea trasladado a la casa de su madre para recibir atención médica adecuada.
Según consta en la demanda, la integridad física y mental de Glas, desde su encarcelación el pasado 6 de abril, “se ha venido deteriorando gradualmente».
La abogada Gómez advirtió que el pasado 8 de abril el exfuncionario “intentó suicidarse” y existe un alto riesgo de que vuelva a atentar contra su vida.
Adicionalmente, el documento detalló que “Glas padece de espondilitis anquilosante, que es una forma de artrosis crónica e incurable, enfermedad que requiere de atención médica especializada y de tratamiento de rehabilitación que la cárcel no puede solventar”.
Para resolver la demanda, el magistrado convocó a una audiencia telemática que se llevará a cabo mañana. A la diligencia también fueron citados a participar el director y el psicólogo de la cárcel La Roca.
El equipo de defensa internacional de Glas anunció que apelará al sistema interamericano de justicia para abordar el “secuestro” del político, tras agotar la vía ordinaria nacional.
El exvicegobernante, considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o “lawfare” en Ecuador, recibió de forma temporal el beneficio de la prelibertad el 28 de noviembre de 2022, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos; sin embargo, la medida fue revocada.
A inicios de este año, la justicia ordenó su captura por presunto peculado en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, que investiga una supuesta malversación en obras públicas tras el terremoto de 2016.
Estuvo en la embajada de México en Quito desde diciembre de 2023 hasta el 5 de abril de este año, día en que uniformados allanaron la legación diplomática para capturarlo por orden del presidente Daniel Noboa.
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