Aunque el texto denuncia las irregularidades en un caso específico, resulta relevante dada la diversificación de los actores que intervienen aquí en la producción de bienes y servicios, así como por las exhortaciones institucionales a desatar los nudos que atan a las fuerzas productivas en el país.
Según el relato, en el oriental Valle de Caujerí, en la provincia de Guantánamo, los cooperativistas Isaías Méndez y Ramiro Cobas esperaban mejorías para sus familias y la compra de equipos e insumos agrícolas, tras la firma de contratos como proveedores de frutas a una empresa estatal de conservas.
Cobas, asociado, como Isaías, a la Cooperativa de Créditos y Servicios Mariana Grajales, de Guaibanó, pensó que con las ganancias podría adquirir “una nevera, una máquina rústica despulpadora de frutas, e insumos para la finca”.
Lo que debían pagarle en moneda libremente convertible (MLC) le alcanzaba para invertir en sus planes, afirmó Cobas, uno de los campesinos de 10 formas productivas que en 2022 suscribieron contrato para suministrarle productos agropecuarios a la unidad empresarial de base Valle de Caujerí, de la Empresa de Conservas de Vegetales del territorio.
Rubricado por las partes, el documento estableció que el productor recibiría 300 pesos cubanos y 90 en MLC por cada tonelada de mango aportada a la industria, y dejó establecido como obligación del cliente, en este caso Conservas de Vegetales Valle de Caujerí, pagar los precios acordados en el contrato.
Sin embargo, al momento de efectuar el cobro, recibieron la sorpresa de que solo el 20 por ciento de las frutas se les pagaría en MLC.
Interrogados por el diario Granma, responsables de la entidad empresarial acudieron a justificaciones por la vía de documentos preexistentes al contrato que impedían cumplir el pacto con los productores.
Si la entidad consideraba legalmente válido el documento en el que ahora se ampara y, si además, de antemano, lo tenía en su poder, ¿por qué no lo tuvo en cuenta, desde el inicio, para establecer los términos de pago, de mutuo acuerdo con la contraparte?, cuestiona el reportaje.
De haber procedido así, agrega el texto, las cosas hubieran quedado claras desde el principio y habrían evitado la estrambótica modificación que tan lógicas suspicacias levanta entre los productores, ahora enfadados y en desacuerdo.
“Yo no sé si en ese disparate habrá triquiñuela”, dijo al respecto Ramiro Cobas, “pero aún me deben más de dos mil 500 de los tres mil 150 MLC que me pertenecen por el mango entregado” y en varias ocasiones, en la industria se negaron a firmar un documento necesario para demandar a la empresa, refirió.
Incidentes como el descrito hacen que el contrato pierda su valor como instrumento de gestión económica, advirtió el medio de prensa.
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