En un pronunciamiento que circula este miércoles en las redes sociales, las organizaciones subrayan que “cuando una mujer pierde la vida en un recinto policial o militar, el Estado no solo es responsable por la omisión de protección de su vida, sino que es un Estado fallido”.
También critican el silencio absoluto y la complicidad de las autoridades castrenses que no informaron a la familia de Ati sobre las verdaderas causas de su deceso.
El gobierno de Daniel Noboa y especialmente la cúpula militar deben facilitar la investigación penal de las denuncias reiteradas de violencia sexual sistémica e incluso casos de explotación sexual en recintos militares, agrega el texto.
También demandaron a la Asamblea Nacional (parlamento) crear una comisión que investigue los hechos de violencias basada en género que se dan en estos espacios de seguridad para la ciudadanía.
El primer comunicado que emitió el Ejercito señaló que el fallecimiento de Ati fue por asfixia, sin embargo, la autopsia reveló signos de posible violación y estrangulamiento como causa de la muerte.
Este es el segundo femicidio que tiene lugar dentro de una institución de seguridad del Estado en los últimos dos años, pues en septiembre de 2022 fue asesinada María Belén Bernal dentro de la Escuela Superior de Policía.
jha/avr
