De acuerdo con el comunicado de la institución de seguridad, la medida responde a la política trazada por el nuevo presidente de la República, José Raúl Mulino, de cerrar la vasta zona limítrofe y comenzar operaciones de deportación de los viajeros ilegales a sus países de origen con ayuda de Washington.
El pasado lunes, con la presencia aquí del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, quien asistió a su toma de posesión, Mulino presenció la firma de un memorando de entendimiento que respalda la cooperación de esas operaciones para las cuales destinarán seis millones de dólares. Los tres pasos cerrados tienen el objetivo de canalizar los flujos y ejercer un mayor control sobre la ruta que utilizan los caminantes hasta la comunidad de Bajo Chiquito, detalló Senafront.
La acción se basa en bloquear tres pasos no autorizados en la costa Pacífica y del Caribe que utilizan los migrantes irregulares, así como los terrestres que dan acceso al sector del Hito de Chucurti, este último clausurado con barreras perimetrales que impiden el tránsito, según ese texto.
El ente explicó además en su mensaje que con anterioridad se disponían de fuerzas de seguridad en múltiples puntos, lo que dispersaba la eficiencia en la lucha contra las organizaciones delictivas transnacionales, que se benefician del tráfico de personas y otros delitos relacionados con esta población vulnerable.
Senafront también anunció que el nuevo Ejecutivo prevé lanzar una campaña denominada «Darién», con el fin de garantizar un clima de paz y tranquilidad en esa región.
Según el Servicio Nacional de Migración, en lo que va de año han transitado por la jungla más de 195 mil personas, en su mayoría venezolanos, ecuatorianos y haitianos.
En su primer discurso a la nación, tras ser investido como jefe de Estado, Mulino afirmó que el país no está en condiciones de financiar el costo económico y social que la inmigración ilegal masiva genera con la consiguiente vinculación de organizaciones criminales internacionales.
Además pidió a las fuerzas de seguridad aplicar la ley como corresponde, con estricto respeto a los derechos humanos y apego a la defensa de los intereses patrios.
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