La entidad planteó que la magistrada titular pudo incurrir en el delito de abuso de autoridad con un extrabajador, por lo cual busca profundizar en las investigaciones para determinar si se dio algún comportamiento fuera de la ley.
En relación con el caso, Alfaro informó que la denuncia que ella planteó en su momento por la situación identificada con el exempleado fue desestimada y, en cambio, se dio trámite a la que el señalado promovió.
El TSE confirmó en marzo pasado que Christian Andree Natareno -según medios de prensa sobrino del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche-, grabó conversaciones del personal sin tener autorización.
Las máximas figuras del ente encargados de las votaciones en la nación aceptaron luego su dimisión, aunque procedieron con la entrega de la acusación correspondiente.
Alfaro advirtió que en la FECI hay 34 denuncias en su contra, de las cuales en seis pidieron el retiro del derecho de antejuicio, entre ellas por el caso de la compra del sistema informático utilizado en las elecciones y otros por abuso de autoridad.
“Sé que estamos confrontados como país, estamos divididos y esto no ayuda a las soluciones de fortalecimiento de un estado constitucional de Derecho ni democrático, esto también lastima la democracia, lastima la certeza del servicio de los ciudadanos”, refirió la funcionaria.
La FECI allanó tras los resultados de los sufragios de 2023 varias veces el Registro de Ciudadanos del TSE en el objetivo de desacreditar el proceso, para algo contrario a la Ley. El 8 de diciembre de ese año la FECI divulgó resultados de una investigación que daba cuenta de supuestas anomalías en los comicios efectuados el 25 de junio y 20 de agosto.
Las maniobras judiciales que el MP emprendió, vinculadas al proceso electoral, conmocionaron a Guatemala y al mundo e hicieron pensar que el binomio ganador de Bernardo Arévalo y Karin Herrera no asumiría en la fecha prevista.
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