Una de esas iniciativas, presentada por el diputado del Movimiento Otro Camino, José Pérez, busca la eliminación y sustraer los beneficios excesivos de los que actualmente goza este órgano del Estado, al tiempo de establecer los mecanismos para el buen funcionamiento del Legislativo.
Entre los cambios sobresale que el voto secreto sea algo del pasado. “No podemos seguir ocultando información de cómo vota un diputado”, precisó.
Otro ajuste explicó, es que en las comisiones de trabajo se mantenga la práctica del parlamento abierto y que ningún colectivo, incluyendo la de Presupuesto, pueda ser de carácter privado.
Abogó también por frenar la importación por parte de los diputados de vehículos sin el pago de impuestos y promover las sanciones y quitarle a los parlamentarios esa parte de salario, si no cumplen con su asistencia a la Asamblea.
De otra parte, un segundo proyecto que entregó Pérez y es respaldado por la bancada de diputados por libre postulación es referente a la despolitización de las becas y auxilios económicos del Instituto de Formación de Recursos Humanos, blanco de críticas por el clientelismo político en la asignación de esos fondos.
“Tenemos que seguir focalizando cómo se entregan las ayudas para la juventud que se educa en Panamá. Ya está bueno del despilfarro, que viajen con nuestra plata, eso se llama robarle al pueblo”, remarcó Pérez.
Al ser posesionada en su cargo, la nueva presidenta de la AN, Dana Castañeda, del oficialista partido Realizando Metas, indicó que comenzará revisando las plantillas abultadas en la institución.
Habló además de buscar la fórmula para disminuir y eliminar los “gastos innecesarios”, como alquileres, viáticos, viajes al exterior y alimentación.
Explicó que de esta forma se podrá reducir el presupuesto del Legislativo, el cual en los últimos años ha sido superior a los 250 millones de dólares, otro de sus desafíos.
También Castañeda invitó a sus colegas diputados a que escuchen con responsabilidad esa voz (del pueblo) como corresponde hacerlo, en una sana democracia.
La Asamblea unicameral de Panamá sesiona durante dos legislaturas, extendidas cada una por cuatro meses, la primera se extiende del 1 de julio al 31 de octubre, mientras que la segunda va del 2 de enero al 30 de abril, aunque el presidente de la República puede convocar sesiones extraordinarias.
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