Tales inculpaciones debe ser remitidas a la Procuraduría General de la República en los próximos días, según revela el portal Metrópoles.
Además del exgobernante (2019-2022), otros aliados y auxiliares también fueron acusados por la PF y entre ellos figuran el teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes del político ultraderechista, y los abogados Fabio Wajngarten y Frederico Wasseff.
Por el momento, la PF no va a solicitar la prisión preventiva ni de Bolsonaro, ni de los adeptos, según el sitio.
En un viaje en octubre de 2021, por el entonces ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, a Arabia Saudita, el Gobierno de Bolsonaro recibió un conjunto de artículos lujosos de la marca suiza Chopard, una pluma, un anillo, un par de gemelos, un rosario islámico conocido como masbaha y un reloj.
Según la fuerza del orden, estos objetos de alto valor fueron deliberadamente omitidos de los registros públicos y posteriormente vendidos con el fin de beneficiar al mandatario.
El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), concedió autorización para la violación del secreto fiscal y bancario de Bolsonaro y de su esposa, Michelle Bolsonaro.
De Moraes declaró que existen «fuertes indicios de desviaciones de bienes de alto valor patrimonial» relacionados con las joyas negociadas por el círculo cercano del excapitán del Ejército.
Las pesquisas también muestran que Bolsonaro y sus adictos se llevaron fuera del país al menos cuatro conjuntos más de bienes recibidos por el expresidente en viajes internacionales como jefe de Estado.
Se descubrió que intentaron vender los artículos en Estados Unidos e incluso transportaron las joyas en el avión presidencial el 30 de diciembre, cuando el exparacaidista dejó Brasilia con rumbo a Orlando.
Para la policía, Bolsonaro se aprovechó de la estructura del Gobierno federal para desviar regalos de alto valor dados a él por autoridades extranjeras.
De igual manera, el expresidente, Cid, el diputado federal Gutemberg Reis y otras 14 personas también fueron acusadas en la investigación sobre la falsificación de certificados de vacunas contra la Covid-19.
El caso será remitido al Ministerio Público Federal para el análisis de la posibilidad de presentar una denuncia contra los imputados. Si esto sucede, podrían enfrentar una demanda penal.
Sin embargo, la apertura de ese eventual proceso quedará a cargo del STF, pues el caso está bajo su jurisdicción, con relatoría de De Moraes.
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