Los militares condenados a muerte fueron juzgados ante el tribunal militar de Butembo, en la provincia de Kivu Norte, en una audiencia en condiciones de campaña cerca de la línea del frente en el pueblo de Alimbongo.
Además de estos 25 soldados otros dos fueron sancionados a 10 años de prisión preventiva por robo.
Según la fuente, el juicio se efectuó la víspera y resultaron exoneradas cuatro mujeres, esposas de los militares, a las cuales no les fue probada su participación en los hechos.
En marzo de este año el Gobierno de la RDC decidió levantar la moratoria sobre la pena de muerte que llevaba en vigor más de 20 años, con el propósito de “deshacerse de traidores al Ejército del país y hacer frente al recrudecimiento de los actos de terrorismo y bandidismo urbano, que han causado la muerte de personas”.
El Gobierno aseveró que la no aplicación de la pena capital, vigente desde 2003, solo incrementó la impunidad entre quienes fomentan la violencia.
Según el comunicado sobre el particular, esta se reservará a los delincuentes implicados en conspiraciones criminales, bandas armadas, insurrección, y para los que cometan traición y crímenes de guerra. También se aplicará a los militares, incluidos los que se rebelen o deserten y se unan a las filas enemigas.
La decisión del tribunal militar reunido en Butembo se produce en medio de un incremento de la violencia y de los hechos de linchamientos protagonizados por la población local.
Las principales víctimas de los más de 15 ataques registrados son soldados acusados de ayudar a los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23), que han tomado el control de varias ciudades en el territorio de Lubero y se mueven hacia Butembo.
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