Los integrantes de esa tropa de choque extremista Mario Antonio y Favio Alejandro Bascopé fueron sancionados también por el Juzgado de Sentencia número 12 de Cochabamba a seis años y seis meses.
Dos años de encarcelamiento cumplirán, en tanto, Milena Soto y Jaime Maldonado.
Sin embargo, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, lamentó que las sanciones aplicadas no resultaron “drásticas”, de acuerdo con los crímenes cometidos por este grupo paramilitar durante las revueltas que desembocaron en el derrocamiento del Gobierno del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019.
“Esperábamos una sanción más drástica -expresó en conferencia de prensa-, porque había un concurso de delitos, los que más resaltaban eran organización criminal (…)”.
Agregó que el Ministerio de Gobierno evaluará la sentencia emitida este jueves con el objetivo de emprender las acciones que se entiendan pertinentes, y deploró que la autoridad judicial descartara el delito de fabricación ilegal de armas.
“Estamos aquí principalmente, no solo como autoridades, sino para dar esa seguridad a las víctimas que durante todo este proceso han recibido amenazas, humillaciones y amedrentamiento”, sostuvo Ríos.
Reprochó, asimismo, que algunos diputados opositores hayan hecho “mofa” de las declaraciones que daban las víctimas y testigos.
Ante esas actitudes, enfatizó en que no se permitirá que estos hechos continúen vulnerando la “integridad y también la salud mental de las personas”.
Esta es la segunda condena contra los cabecillas de la RJC, pues el Juzgado de Sentencia Penal Tercero de Sucre dictaminó en abril de 2023 contra Molina y los hermanos Bascopé una sentencia de seis años por los daños causados en la Fiscalía General del Estado en octubre de 2020.
Según los antecedentes, los condenados y sus cientos de seguidores circulaban en 2019 en motocicletas y agredían a cualquier persona de origen indígena o vinculada al Movimiento al Socialismo en Cochabamba.
Por tal motivo, sus rostros más visibles fueron procesados por los delitos de organización criminal, privación de libertad, instigación pública a delinquir, fabricación ilícita de armas, lesiones graves y leves, tenencia y portación de armas, destrucción y deterioro de bienes del Estado, entre otros cargos.
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