El Fondo para el Desarrollo del Reino de Arabia Saudita prestó 83 millones en un acuerdo que fue suscrito por funcionarios de ese país, la Cancillería, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y el ministerio de Hacienda.
Según lo establecido la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa recibirá el próximo lunes, para su estudio, la solicitud de aprobación del préstamo saudita para instalar una planta de generación de energía eléctrica con biogás que estará ubicada en el río Urbina, afluente del río Acelhuate, en San Salvador.
La solicitud de ratificación de préstamo fue realizada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, el 28 de junio pasado, a la Asamblea Legislativa y esta pasó a la Comisión de Hacienda.
Según los planes, el proyecto estaría ubicado entre Ciudad Delgado y Cuscatancingo con el objetivo de tratar del 70 por ciento de las aguas residuales del área metropolitana de San Salvador y usar el biogás para general electricidad.
Por la parte salvadoreña la CEL se encargará del proyecto al que aportará 15.25 millones de dólares para un total de 98.4 millones en que está estimada la inversión.
La planta tendría una potencia inicial de 5.43 megavatios que obtendrían una generación total de 2.9 megavatios de energía eléctrica usando el biogás que moverá los motogeneradores.
Mientras tanto, en los últimos días es motivo de controversia un plan gubernamental para introducir la energía nuclear en la producción eléctrica para lo cual la Asamblea Legislativa aprobó una ley que es criticada por opositores del partido Arena alegando faltan estudios técnicos, económicos y ambientales sobre el impacto del uso de ese tipo de energía.
La ley para la implementación de la energía nuclear fue aprobada este martes con 54 votos a favor.
La jefa de fracción de Arena, Marcela Villatoro, dijo que es un asunto bastante delicado porque “no sabemos qué tipo de materiales o qué le puede causar a la salud de las familias salvadoreñas».
Criticó que el proyecto no establece los perfiles ni la cualificación que deben cumplir las personas para ocupar un cargo dentro del organismo para la implementación. Para Villatoro, esto es un problema porque «se va a ocasionar un gasto público habiendo tantas prioridades que el país necesita en estos momentos».
mem/lb
