“El ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo) quería movilizar a la Policía para sacar a las Fuerzas Armadas de la plaza Murillo, yo le dije ‘no, no hagas eso, no queremos lo que sucedió en febrero de 2003. Yo no quiero retornar a 2003, no saques a la policía’”, reiteró el dignatario en declaraciones a medios internacionales.
Según el mandatario, llamó a del Castillo con el objetivo de alertarle del inusual despliegue de cientos de efectivos armados con calibre de guerra y reforzados con tanquetas en el epicentro político y legislativo del país, la paceña Plaza Murillo.
Con esa acción, la tropa encabezada por el exjefe del Ejército Juan José Zúñiga pretendía hacerse del control del país por la fuerza.
Este miércoles, en una extensa conferencia de prensa en la que presentó diversas evidencias, del Castillo confirmó que un contingente de policías estaba listo para disparar “si las cosas se salían de control”.
El 26 de junio, sereno y rodeado de todo su gabinete en la Casa Grande del Pueblo (sede gubernamental), Arce llamó en una transmisión televisada a unirse para evitar que la intentona golpista se llevara vidas.
Minutos después de este mensaje, Zúñiga proclamó ante la prensa que el Ejército liberaría a Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y otros golpistas de 2019, a quienes calificó de “presos políticos”.
Igualmente, expresó que el Ejército recuperaría lo que denominó democracia, en detrimento del orden constitucional existente en el país andino amazónico desde hace 42 años.
Sin embargo, cuando forzó con una tanqueta la puerta principal del Antiguo Palacio de Gobierno contiguo a la Casa Grande del Pueblo, se encontró con Arce, quien lo enfrentó y lo conminó a deponer su actitud, orden que fue desacatada y por lo cual el presidente en su condición de capitán general de las Fuerzas Armadas posesionó a nuevos mandos castrenses.
Todo esto aconteció sin que se repitiera un enfrentamiento entre policías y militares como el ocurrido en la plaza Murillo el 12 y 13 de febrero de 20023 durante el motín policial contra el denominado “impuestazo” al salario, decretado durante el segundo Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002 – 2003).
Esa medida neoliberal desencadenó protestas populares en todo el país, con saldo de 36 muertos y más de 200 heridos entre policías, militares, vecinos y estudiantes.
Como resultado de la fallida intentona del 26 de junio, solo se reportaron 14 heridos debido a los balines disparados por los efectivos a las órdenes de Zúñiga contra la población movilizada en defensa de la democracia.
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