Mejía ganó celebridad nacional el lunes último porque presentó una demanda por su inhabilitación previa ante la Sala Constitucional del departamento de Beni, que en dos horas emitió un amparo y paralizó nuevamente el inicio de las pruebas orales en el proceso de preselección de los postulantes a magistrados y consejeros.
“Por unanimidad se ha decidido nuevamente ratificar su inhabilitación (de Charles Mejía)”, aseguró ante la prensa el presidente de la Comisión de Justicia Plural de la ALP, senador Roberto Padilla.
Subrayó que el aspirante adjuntó su documentación (título académico legalizado) en la parte de impugnaciones, y los integrantes de comisión fueron respetuosos de la normativa.
Explicó que la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 establece que, en la etapa de recepción, la documentación original era valorada dentro los 20 días, no en la fase de impugnaciones.
Comentó que no se puede ser justos con unos y con otros injustos.
La reclamación constitucional presentada el lunes último por Mejía paralizó el inicio de pruebas orales en el proceso de preselección de candidatos a los altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Supremo de Justicia (TSJ); el agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura.
Con el número 039/2024 del 21 de mayo último, el veredicto ordenó revocar la inhabilitación del postulante en representación del departamento de Beni como aspirante al TCP.
Padilla explicó a la prensa que la Comisión Mixta de Justicia Plural resolvió otros cinco amparos constitucionales, uno pendiente con audiencia para este jueves.
“Se ha inhabilitado a varios candidatos -abundó, por su parte, el senador Santiago Ticona-, hemos actuado conforme a lo que establece la Constitución Política del Estado y siguiendo la línea para que en nuestro país se dé las elecciones judiciales”.
Padilla, en tanto, agregó que inmediatamente se notificará a la Sala Constitucional sobre la resolución de la Comisión Mixta de Justicia Plural, con lo que se espera, se fije un nuevo cronograma para las evaluaciones orales.
“Ya en estos momentos se va a notificar a la Sala Constitucional y a partir de ello la otra Comisión (de Constitución) ya tiene que continuar con el trabajo de preselección”, insistió la autoridad, quien deseó igual celeridad que el lunes último por parte de las autoridades judiciales del departamento de Beni.
Todo el proceso de preselección en la ALP será en 80 días como máximo, y el Tribunal Supremo Electoral tiene como tope 150 días para realizar todo el proceso eleccionario, o sea, existe un límite de 230 días para tener nuevas autoridades judiciales.
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