Consta en la decisión que, desde que ganaron libertad provisional, Lindalva Cesaria de Campos, Valdir Francisco de Souza y Lauro Henrique Souza Xavier, residentes en el estado de Mato Grosso (centro-oeste), violaron las medidas cautelares determinadas por el juez, en especial el monitoreo electrónico.
En sus laudos, De Moraes determinó además el bloqueo de todas las cuentas bancarias y bienes de los acusados, confesos adeptos del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).
Resulta de 24 horas el plazo para que las entidades financieras informen el cumplimiento de tal orden.
Las violaciones llegaron a conocimiento del magistrado del STF después de la solicitud de información a la Secretaría de Seguridad Pública de la división territorial.
Solo en el caso de la mujer fueron identificadas 139 violaciones incluyendo la falta de señal de GPS en su tobillera electrónica, batería baja y descargada, detección de cuerpo y ruptura de la cinta.
Cesaria de Campos fue detenida entre el 8 y 9 de enero de 2023 y fue puesta en libertad dos meses después, en marzo del mismo año.
De Souza también obtuvo libertad provisional en marzo de 2023 y desde octubre de ese año se encuentra con la tobillera electrónica desconectada. Souza Xavier, por su parte, desactivó el equipo en mayo pasado.
«Observo que los acusados insisten en no respetar las medidas cautelares impuestas en estos autos y refrendadas por el pleno del Supremo Tribunal Federal, revelando completo desprecio por esta suprema corte y por el Poder Judicial», aseveró De Moraes.
Recientemente, el Supremo condenó a 17 años de prisión a otras dos personas por participar en los episodios antidemocráticos de inicios de 2023.
Uno de ellos es el hombre filmado en el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo, cuando rompía un reloj histórico traído a Brasil en 1808.
Prevaleció en la corte la tesis defendida por el relator (De Moraes) de que ambos formaban parte del grupo que intentó derrocar al gobierno democráticamente elegido en 2022.
La condena también prevé el pago de indemnización, a título de daños morales colectivos, de al menos 30 millones de reales (cerca de ocho millones de dólares). Ese valor será quitado a todos los condenados.
Hasta la fecha, las denuncias de la Procuraduría General de la República contra los participantes en el complot golpista resultaron en 226 condenas por el STF.
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