Los permisos y la declaratoria de interés cultural se tramitaron en tiempo y forma, por lo que no comprendemos la actitud del gobierno desde el inicio de la polémica, recordó el organizador del evento, Giovanny Delgado, en una reunión con las autoridades.
El activista refirió en el encuentro, en el que al menos ocho instituciones oficiales intercambiaron con los convocantes de la movilización, que presentó entonces ante la Sala IV (Constitucional) un recurso de amparo contra el Ejecutivo.
Los negociadores de la Marcha respondieron de esa manera a las autoridades, que el sábado último alegaron que la protesta se efectuó «sin solicitar ni tramitar los permisos».
También bajo esos argumentos y desacuerdos oficiales contra la declaratoria cultural emitida por activistas de la comunidad Lgtbq+, el presidente Rodrigo Chaves destituyó a la ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadamuz y al comisionado de Inclusión Social, Ricardo Sossa.
El mandatario culpó a esos titulares de «meter la pata» al prescindir de una consulta con él y con otras autoridades sobre la constitucionalidad del documento central de la Marcha.
Chaves negó que esas determinaciones oficiales pudieran calificarse de “homofóbicas” y desestimó cualquier acto de persecución contra la comunidad Lgtbq+.
El mandatario reiteró su respeto «al derecho de manifestarse libremente y de forma pacífica, pero –subrayó- eso es muy diferente a darle una categoría de interés cultural».
La reunión para constatar la legalidad de los permisos para la Marcha de la Diversidad comprendió a los ministerios de la Presidencia, Seguridad, Salud, Obras Públicas y Transportes, Relaciones Exteriores, Cultura, y a los Institutos de Turismo y del Deporte.
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