El documento expresa el compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad en las zonas limítrofes con operaciones y ejercicios militares coordinados contra la delincuencia transnacional, el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas y explosivos, el contrabando, la trata de personas; el tráfico de migrantes y otros delitos.
En el cierre de la cita, la mandataria peruana dijo que lograron nuevos niveles de colaboración e integración, a partir de la cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
Los entendimientos, agregó, abarcan además iniciativas en el ámbito minero, energético y ambiental y en la integración fronteriza económica, turística, de salud, vial y otros campos.
El presidente Noboa, por su parte, advirtió que “Si no logramos la sostenibilidad de empleo y ocupación juvenil con el apoyo de naciones como Perú, estaremos condenados al fracaso” en la lucha contra el crimen.
La declaración conjunta consigna 49 acuerdos y recoge las coincidencias entre los mandatarios y los entendimientos que paralelamente avanzaron los equipos ministeriales congregados en el XV Gabinete Ministerial Binacional que se reúne cada dos años.
Los 49 acuerdos, según la declaración, se agrupan en seis ejes temáticos: seguridad y defensa, promoción económica, desarrollo minero sostenible, gestión ambiental, inclusión social y fortalecimiento del tránsito y transporte transfronterizo.
Boluarte recordó como ejemplo de cooperación en la materia “el decidido apoyo que el Perú brindó al Ecuador tras el estallido de la crisis de seguridad a inicios de este año”, referencia a la algarada de la criminalidad organizada desatada con el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio.
El mandatario visitante añadió que la colaboración bilateral en materia de seguridad fronteriza contribuyó a la lucha contra organizaciones criminales que operaban Ecuador y dijo que ambos países han mantenido un intercambio constante de información, experiencia y conocimientos en la materia.
Entre otros temas, la declaración conjunta consideró urgente erradicar la minería ilegal y sus delitos conexos, que según ambos gobiernos es la principal fuente de financiamiento de las organizaciones criminales transnacionales.
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