Con un acto cívico en el frente del Palacio de los Tribunales se dará el inicio a una serie de actividades tanto en el país como en el exterior en apoyo al jefe de la comuna de Recoleta y ex precandidato presidencial.
Durante sus tres períodos al frente de esa municipalidad, Jadue ha llevado a cabo varios programas en beneficio social, entre ellos la Farmacia, la Óptica y la Librería Popular, el Centro de Rehabilitación, la Red de Bibliotecas y la Universidad Abierta de Recoleta.
El pasado 3 de junio un tribunal le impuso al alcalde la máxima medida cautelar por los supuestos delitos de cohecho, fraude al fisco y estafa en las negociaciones de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares.
“La persecución a Daniel Jadue se inscribe en la estrategia del lawfare (guerra jurídica), extendida por toda América Latina y cuyo objetivo es neutralizar a líderes políticos capaces de llevar adelante proyectos populares que puedan afectar intereses económicos y geopolíticos”.
Así lo denunció en un comunicado difundido en redes sociales la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Argentina.
Recordó la organización que el alcalde sobresale por su fuerte apuesta por la cultura al alcance de todos, la edición de libros a precios accesibles y muy especialmente por la creación de Farmacias Populares, una red que ofrece medicamentos 70 por ciento más baratos que los del mercado.
Un grupo de juristas nacionales e internacionales decidió presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de revisión de la prisión preventiva contra el alcalde.
De acuerdo con la parlamentaria Carmen Hertz, ante esa instancia comparecieron Gonzalo Boye, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Rodrigo Liberona, Carlos Margotta, Hugo Gutiérrez, Rodolfo Yanzón, Ramón Sepúlveda, Juan Carlos Manríquez, Enzo Morales, entre otros.
Advirtió Hertz que si Jadue continúa detenido, el 18 de julio perderá su calidad de alcalde y se desconocerá la soberanía popular.
“Acá se están violando garantías civiles y políticas a una persona que es un representante popular”, denunció, por su parte, el abogado Hugo Gutiérrez.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos cuestionó la parcialidad de las investigaciones judiciales realizadas por el Ministerio Público en el caso Jadue ante el desconocimiento y vulneración de la presunción de inocencia y el derecho a libertad provisional.
Denunció la entidad el mal uso de los instrumentos persecutorios por ciertos fiscales y tribunales que, en medio de un contexto de politización de la justicia y claros indicios de Lawfare, han cargado el peso de la Ley con mayor vehemencia contra ciertos imputados, como Jadue.
jha/car
