Entre ellos, el mandatario mencionó la reducción de presupuesto para la educación pública que, según abundó, perdió más de 300 billones de pesos (unos 75 mil millones de dólares al cambio actual).
Otra decisión, añadió, anuló los mecanismos para hacer una reforma agraria, en tanto la garantía de derechos universales no se cumplió en los últimos 33 años por dar prioridad a mercados y negocios.
La constitución no ordenó ni el neoliberalismo ni la gobernanza paramilitar que es lo que hemos tenido, sentenció el jefe de Estado.
Por otro lado, apuntó que el Congreso no desarrolló en más de tres décadas órdenes expresas de la mentada Constitución como la ley orgánica de ordenamiento territorial, y tampoco recibieron atención por el ente legislativo la reforma a la justicia y la reforma política y electoral que ordena el Acuerdo de paz del 2016.
En la misma situación, siguió Petro, está el estatuto del trabajo para dignificar la vida laboral, pues aún después de 33 años no es real la igualdad de la mujer; y se siguen discriminando en la sociedad y en el estado a las minorías étnicas, sexuales y culturales.
Señaló en este punto que posterior a la aprobación de la Constitución de 1991 ocurrieron hechos en el país de gran envergadura en la vida nacional.
Entran aquí, mencionó, los aspectos fundamentales del Acuerdo de Paz de 2016, una declaración unilateral de estado, y lamentó el poco desarrollo alcanzado por estos como el progreso económico y social del territorio excluido, la reforma agraria y la verdad judicial.
Comentó asimismo otros factores que impactan hoy en la sociedad colombiana y que merecen atención como la crisis climática, que demanda el ordenamiento alrededor del agua, y la necesidad de avanzar en el camino del perdón social y la paz definitiva.
Más temprano, Petro consideró que, antes que una asamblea constituyente, debe darse el poder constituyente y el acuerdo nacional sobre nueve temas que el consideró fundamentales.
Enumeró entonces la necesidad de trabajar en pos de la garantía inmediata al derecho universal a la educación, la salud y las pensiones, un nuevo ordenamiento territorial y el desarrollo económico y social de los territorios excluidos.
A continuación, remarcó la importancia de las reformas en los ámbitos agrario, judicial y política, la adaptación a la crisis climática, el pacto por una economía productiva y la verdad judicial y el perdón social para alcanzar una paz definitiva.
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