Vinculada con el Ministerio de los Derechos Humanos y extinguida durante el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), el grupo dirige su objetivo para identificar víctimas de la represión política durante el régimen castrense, un trabajo iniciado en 2014 tras la determinación de la Justicia Federal en acción civil pública.
Sin embargo, la comisión cerró el proceso sin justificación, a instancias de Bolsonaro en 2019.
En el diario, el auto deja sin efecto el texto publicado por el exmandatario de tendencia ultraderechista.
A continuación, Lula declara la continuidad de las actividades de la comisión especial. La medida tenía el aval del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
En teoría, la junta es un órgano de Estado cuyo apoyo técnico-administrativo es responsabilidad de la cartera de Derechos Humanos.
Su finalidad es proceder al reconocimiento de personas muertas o desaparecidas en razón de sus actividades políticas.
También de enviar esfuerzos para la localización de los cuerpos de tales personas y de emitir opinión sobre los requerimientos relativos a la indemnización que sean formulados por sus familiares.
La Comisión Nacional de la Verdad, creada por ley en 2014, presentó un informe final y concluyó que la práctica de detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones, desapariciones y ocultación de cadáveres eran el resultado de una política estatal contra la población civil, calificándolas de crímenes de lesa humanidad.
Como responsables de las torturas, el documento identificó a 377 agentes de la dictadura que no pudieron ser juzgados por una amplia amnistía dictada en 1979 por el régimen.
En total, se registraron 434 casos de muertes y desapariciones de personas bajo la responsabilidad del Estado brasileño durante el periodo 1946-1988.
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