De acuerdo con el comunicado del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), la medida de la estatal Caja de Ahorros de hace siete meses es interpretada como una persecución política a la organización líder en protestas populares contra la minería cielo abierto a finales de 2023.
En la misiva, suscrita por el secretario general de Suntracs, Saúl Méndez, y otros integrantes de la junta directiva, el colectivo expone otras preocupaciones relacionadas con la libertad sindical, la Caja de Seguro Social, jubilaciones especiales, la ley de salud y seguridad, y el impuesto sobre la renta.
Méndez señaló que esperan una pronta solución a este problema para que el sindicato pueda regularizar sus fondos conforme a lo estipulado por ley.
Antes, los sindicalistas se reunieron con la nueva ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, y acordaron la conformación de mesas conjuntas para encontrar soluciones a este y otros temas.
Muñoz dijo a la prensa que no es competencia de esa cartera decidir sobre la apertura o cierre de cuentas bancarias, sino que están presentes para representar y apoyar a los trabajadores.
“Somos un ministerio de puertas abiertas, apostamos al diálogo social tripartito que es la forma para lograr los consensos, respetando los debidos procesos que contribuyan a lograr soluciones responsables en beneficio de las partes y de todos”, remarcó la funcionaria.
En declaraciones a Prensa Latina, Méndez indicó que el sistema que lava dinero proveniente del narcotráfico, del tráfico humano, de armas y la corrupción, prohíbe al Suntracs y a su cooperativa funcionar de manera estable, al prohibir los depósitos de recursos provenientes del sudor de los obreros y el pago de sus cuotas sindicales.
A juicio del también excandidato presidencial en 2019, con la acción gubernamental en contubernio con los empresarios y el sistema financiero se pretende doblegar a una de las organizaciones líderes en las protestas populares que a finales de 2023 obligaron al cierre de Minera Panamá, subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum.
Además precisó que las vías mafiosas con las cuales pretenden liquidar al sindicato se sustentan en medios como la Estrella de Panamá, que sin argumentos publicó una nota en la que vinculan las cuentas de Suntracs al terrorismo, de ahí que también presentamos una demanda al diario.
Estas acciones reivindicativas avanzan en paralelo con otras de orden legal, como denuncias ante la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia y la Organización Internacional de Trabajo por estos abusos.
También lograron que el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, abriera un proceso de oficio por la violación a los constructores de un derecho humano como lo es el acceso a sus depósitos bancarios.
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