En investigación aparecen 92, tres desestimadas, cuatro archivadas, dos conectadas con otros casos, y dos pendientes de que el ente encargado les asigne número de expediente, según los datos en el tablero digital.
El mecanismo, puesto en marcha por la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) a fines de mayo pasado, precisa que 32 denuncias guardan relación con el Ministerio de Comunicaciones, 23 con salud y 11 con Desarrollo Social.
Además, ocho vinculadas a Gobernación, cinco a viviendas, tres a ambiente, igual cantidad a trabajo, mientras dos corresponden a agricultura y una al sector financiero.
El titular de la CNC, Santiago Palomo, consideró días atrás fundamental que el MP asuma esas denuncias con la debida diligencia para dar con los responsables de los hechos.
Calificó de clave la herramienta para transparentar la gestión del Ejecutivo en el combate al saqueo del dinero público.
Entre los casos más relevantes destacan las irregularidades en la construcción de las Escuelas Bicentenario y la intervención ilegal en concesión de demolición de garitas de peaje de la autopista Palín, Escuintla.
También, la adquisición de escaleras y ascensores del aeropuerto internacional La Aurora y el manejo de manera inapropiada de fondos millonarios para la compra de cocinas por la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024).
Asimismo, identificaron una red de funcionarios que solicitaba dinero a cambio de agilizar el trámite de visas de trabajo, falsedad en licencias ambientales y anomalías en la obtención de vacunas contra la Covid-19 Sputnik V.
La víspera, aún sin incluir entre las 103, el ministro de Agricultura de Guatemala, Maynor Estrada, presentó una nueva por un caso en la gestión pasada relacionado con un programa de seguridad alimentaria y nutricional.
El titular señaló al exdirector del área encargada de ese tema, quien ocupó el cargo del 27 de enero de 2021 al 25 de junio de 2024, por los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y uso de documentos falsificados.
Palomo explicó, por su parte, que este caso revela patrones de corrupción que persisten en el Estado y la necesidad de erradicarlos.
Comentó cómo operan estas estructuras y argumentó que el programa mencionado tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de pobladores en condiciones de vulnerabilidad.
A pesar de estos esfuerzos, advirtieron analistas locales, la fiscal general Consuelo Porras, a quien organizaciones sociales y las propias autoridades del país exigen la renuncia, protege a los muchos de los presuntos implicados.
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