Mediante su perfil en la red social X, el mandatario señaló al juez de primera instancia Fredy Orellana, a quien consideró fortalecido por una minoría corrupta enquistada en el Ministerio Público (MP).
Expresó que este torció la Ley para disminuir a los cientos de miles de votantes que dieron a la bancada Semilla su representación al Congreso (unicameral).
El jefe de Estado defendió a esa agrupación política (que lo llevó al más alto cargo de la nación en las elecciones de 2023) y el mandato que le dio el pueblo, mientras los conminó a seguir adelante.
Integrantes de Semilla entregaron la víspera una apelación y reposición contra las resoluciones del juez Orellana y una apelación ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En conferencia de prensa desde el salón de Pasos Perdidos del Parlamento, el diputado Samuel Pérez afirmó que actuaron a la luz de la medida, incluida la cancelación de las cuentas, cuyos efectos recaen en su bancada.
“El juez Fredy Orellana es un criminal, que cometió ilegalidades en su intento de maniobrar para suspender el partido político Movimiento Semilla”, subrayó el legislador.
Nuevamente comete los mismos hechos ilícitos, pero con ciertas agravantes, remarcó Pérez.
Aseguró que van a dar la batalla por recuperar el partido, aunque esto les duela a los enemigos del pueblo de Guatemala.
La propia presidenta del TSE, Blanca Alfaro, confirmó hace tres días que cumplieron con la petición de ampliar por un año la suspensión provisional de Semilla.
Descartó que en el caso de esa fuerza política la cancelación corresponda a algo administrativo vinculado con la Ley Electoral y de Partidos, sino por la judicialización a cargo de entidades del MP.
Orellana avaló el lunes último una solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, que desde los resultados de la primera vuelta de votaciones de junio de 2023 investiga supuestas ilegalidades en la constitución de Semilla en 2018.
El entonces presidente electo Bernardo Arévalo denunció que la Fiscal General y titular del MP Consuelo Porras encabezaba un intento de golpe de Estado para evitar que tomara posesión del cargo el 14 de enero de 2024.
Organizaciones sociales y analistas señalan aquí desde el año pasado lo inaudito de un caso declarado “bajo reserva”, la persecución continua contra Arévalo y su partido, así como la violación por parte de la Fiscalía de la Ley Electoral.
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