La reunión, encabezada por el primer secretario del PCC, Miguel Díaz-Canel, evaluó en esta jornada conclusiva el cumplimiento de las acciones dirigidas a la prevención y combate a la corrupción, el delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales, que amenazan la seguridad nacional.
De acuerdo con la página oficial de internet del PCC, en la cita el jefe de la Oficina de Atención al sistema del Poder Popular, órganos del Estado y el sector Jurídico, Julio César García, afirmó que, pese a las acciones impulsadas, los resultados son insuficientes.
No obstante –dijo- han posibilitado la contención actual de algunas tipicidades delictivas de mayor gravedad y evitado que se generen situaciones más graves.
Al resumir los principales delitos tipificados dentro de la sociedad cubana señaló que los de mayor incidencia continúan siendo los que atentan contra el patrimonio, en los cuales se reitera la implicación de personas desvinculadas del estudio y el trabajo y de jóvenes en casos de mayor gravedad.
Entre otras insuficiencias, afirmó que no se logra el enfrentamiento efectivo a los precios abusivos y especulativos de bienes y servicios; se mantiene la comercialización ilícita de diversos productos, la receptación, la especulación y el acaparamiento.
Asimismo, explicó que persisten manifestaciones de indisciplinas sociales en los espacios públicos, daños a parques y medios de transporte, alteración del orden y riñas.
Varios primeros secretarios de comités provinciales del PCC compartieron elementos sobre la manifestación de esos hechos en sus respectivos territorios, al tiempo que se refirieron a acciones puntuales que se realizan para contrarrestarlos.
Entre las ideas expuestas, comentaron acerca de la importancia de incrementar el rigor de las medidas que se aplican a quienes incurren en delitos; lograr que la evaluación sobre esos temas en los núcleos del PCC sea cada vez más profunda y perfeccionar las rendiciones de cuenta.
También la pertinencia de evaluar conscientemente las causas que conducen a determinados delitos, que en muchos casos tienen origen social y son sumamente diversas.
Al respecto, la ministra de Trabajo y Seguridad Social Marta Elena Feitó resaltó la importancia de las acciones de prevención de las instituciones y las de los trabajadores sociales en las estructuras comunitarias para contrarrestar esos hechos.
En el debate intervinieron, además, la fiscal general de la República, Yamila Peña, y la contralora general, Gladys Bejerano, entre otros funcionarios.
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