La abogada Karen Gómez pedía que el exvicemandatario fuera trasladado al domicilio de su madre teniendo en cuenta su situación de depresión grave e intentos de suicidarse.
Vidal basó su decisión de mantener a Glas en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, en un informe de entidades estatales que indican que el detenido recibió 79 atenciones médicas, dos de ellas de la especialidad de psiquiatría.
En su declaración el primer día de la audiencia, el 3 de julio pasado, el exvicepresidente dio a conocer su delicado estado desde que fue secuestrado el 5 de abril, durante el asalto policial a la embajada de México en Quito, donde se encontraba refugiado.
Sostuvo que no tiene acceso a medicinas y denunció que sobre su cama ha encontrado heces de roedores, que lo han mordido en varias ocasiones en las piernas.
También manifestó que no se le permite tener contacto frecuente con sus defensores, tanto a nivel nacional como internacional, quienes no reciben honorarios y atienden su caso por un tema humanitario.
Este lunes, el equipo de defensa internacional de Glas criticó la campaña de desinformación sobre las condiciones de su detención, así como las afirmaciones del Gobierno, que consideró inexactas y buscan minimizar la gravedad de la situación.
En relación con el fallo de Vidal, la defensa afirmó que carece de fundamentación jurídica suficiente, “evidenciando una clara falta de imparcialidad en el proceso”.
La semana pasada un grupo de ciudadanos acudió a la sede del Ejecutivo ecuatoriano y presentaron un pedido para que respeten los derechos humanos de Glas. Esta solicitud, impulsada por el Comité 2 de Octubre, forma parte de una cruzada mundial en defensa de la vida y por la libertad de Glas.
El exvicegobernante, considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o “lawfare” en Ecuador, recibió de forma temporal el beneficio de la prelibertad el 28 de noviembre de 2022, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos; sin embargo, la medida fue revocada.
A inicios de este año, la justicia ordenó su captura por presunto peculado en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, que investiga una supuesta malversación en obras públicas tras el terremoto de 2016.
Estuvo en la embajada de México en Quito desde diciembre de 2023 hasta el 5 de abril de este año, día en que uniformados allanaron la legación diplomática para capturarlo por orden de Noboa, hecho que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas.
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